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NOTIVIDA, Año
III, nº 178, 17 de octubre de 2003
Ciudad de Buenos Aires,
Argentina EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CONTRA LA PATRIA POTESTADEl
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
dictaminó en el juicio iniciado por la Liga de
amas de casa, la asociación Profamilia y otros, a raíz de la
Ley 418, de Salud Reproductiva
de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos
que esta ley atenta
contra el ejercicio de la patria potestad (resguardado
en el Código Civil) al garantizar el suministro y/o colocación
de métodos anticonceptivos –incluidos algunos de probado
riesgo abortivo- a los menores de edad sin la autorización de
los padres. Tras tres años de
litigio, el
pasado 14 de octubre, el Tribunal rechazó por unanimidad la
demanda. A
criterio del Tribunal no debe requerirse la autorización de
los padres para suministrar y/o colocar métodos
anticonceptivos a los menores de edad. La consulta a los
padres “incurriría en
discriminación y tratamiento desigual de ciertos menores con
relación a otros" (Del voto en mayoría de la Dra. Conde). Transcribimos a continuación algunas expresiones
vertidas por los miembros del Tribunal al fundamentar su voto:
Jueza
Ana María
Conde: “...es un hecho que la educación
paterna no siempre logra aprehender los distintos aspectos de
la persona en evolución de un niño en curso a la juventud. La
experiencia nos indica que, a menudo, padres que educan a sus
hijos bajo severos cánones de moral y religiosidad ven cómo
éstos abrazan con el tiempo estilos de vida y concepciones de
las cosas que difieren notoriamente de los parámetros con los
que fueron instruidos, y
viceversa”. (...) “Por vía de hipótesis,
debemos aceptar como posibilidad que existan supuestos en los
que los jóvenes adviertan que sus padres no son idóneos —por
cuestiones de maduración, formación o de concepción dogmática—
para proporcionarles la información relativa a su salud
reproductiva, que consideran necesaria para su desarrollo, por
lo que es razonable que cuenten con fuentes objetivas e
idóneas donde requerirla”. Juez Julio B. J.
Maier: “De acuerdo a la
propia ley, los padres están facultados para acudir a los
servicios médicos de la Ciudad y participar en el
asesoramiento que reciban sus hijos, pero nada ni nadie los
obliga a ello”. (...) “La única hipótesis de conflicto imaginable se plantearía en caso de que los padres se opusieran a que el niño o adolescente recibiera asesoramiento o asistencia, y el menor sí lo deseara ...En este caso, no existe conflicto alguno entre el Gobierno y la familia, sino entre la voluntad del niño o adolescente en edad fértil y la de sus padres”. (...) “Requerir la
conformidad o presencia necesaria de los padres para acceder a
información y a la asistencia en materia de salud reproductiva
es susceptible de causar un evidente efecto intimidatorio en
los niños y adolescentes en edad fértil”.
(...) “La limitación de la
autoridad de los padres, correlativa a la concesión de un
derecho a los niños y adolescentes en edad fértil, constituye
un sacrificio razonable en aras de la consecución de los
legítimos fines de la ley”. (...) “...los profesionales
están mejor formados que los padres para asesorar a niños y
menores en materia de salud reproductiva.”
Jueza Alicia E. C.
Ruiz: “La acción como ha
sido planteada contiene una pretensión de carácter
discriminatorio en razón del sexo (porque la derogación de la
norma influiría sobre todo en niñas y adolescentes de sexo
femenino), de la clase (porque afectaría de forma directa a
los sectores más pobres de la población), de la orientación
sexual (porque al poner énfasis en la salud reproductiva
invisibiliza las demandas de información y prevención de
adolescentes lesbianas, homosexuales y travestis que con la
derogación de la norma sólo podrían ser satisfechas en el
ámbito de la salud privada), y de la edad (porque ser joven
predispone a la discriminación y marginación de manera más
intensa y notoria que para el resto de la sociedad, y la
derogación de las normas cuestionadas no haría más que agravar
esta situación)”. Tras citar Tratados de
las Naciones Unidas, recomendaciones de sus Comités y párrafos
de sus Conferencias internacionales, Ruiz concluyó que la ley
cuestionada no contradice el régimen nacional de patria
potestad establecido en el Código Civil y que muy por el
contrario efectiviza “derechos humanos de los adolescentes (en
especial, el derecho a la igualdad, los derechos sexuales, los
derechos reproductivos, el derecho a la salud y el derecho a
la información) garantizados por la Constitución Nacional y la
CCBA". Juez José Osvaldo
Casás: “...del
régimen de la patria potestad, vigente en nuestro país, no se
desprende que los hijos menores deban contar obligatoriamente
con el consentimiento expreso e indubitable de sus padres para
informarse sobre temas vinculados con la salud reproductiva,
ni para, llegado el caso, y cumplidos todos los recaudos que
la ley exige, solicitar la asistencia pública para la
prescripción de métodos
anticonceptivos...” (...) “...la acción
que se fomenta desde el Estado local, dirigida a la
universalidad de los vecinos sin distinciones, puede revelarse
como susceptible de traer aparejada, en algún caso concreto,
una dificultad o complicación para la misión de los padres que
adscriben a valores morales o religiosos que, por ejemplo,
resaltan la virtud de la abstinencia sexual hasta el
matrimonio ..... deberán ser esos padres quienes, a partir de
su propia prédica y conducta, creen en el seno de sus
respectivas familias, dando testimonio incluso frente a
terceros, las condiciones adecuadas para que sus hijos menores
de edad recurran al ámbito doméstico, y no fuera de él, al
tiempo de asesorarse en estas materias tan sensibles a los
valores culturales y espirituales”.
(...) “...el
Estado, con los medios legítimos que tiene a su disposición y
con los límites del caso, debe poner al servicio del conjunto
de los habitantes todas las herramientas necesarias para que
cada uno de ellos alcance el nivel más alto de autonomía y
calidad de vida”. Juez
Eduardo A. Russo: “El conflicto que los
accionantes encuentran entre los medios que la ley ha
establecido para el cumplimiento de sus fines y la patria
potestad, obedece a una equívoca hermenéutica que entiende el
ejercicio de la patria potestad como un derecho absoluto de
los padres para decidir sobre la información o las
prestaciones que la ley proporciona a los niños”.
(...) “...los argumentos de
los actores hacen visible una posición –que, conforme un
principio vital de la democracia, por mayor o menor consenso
de que goce no deja de ser relativa y particular- que
privilegia las relaciones familiares del Código Civil por
sobre las medidas de atención y prevención dispuestas por la
ley 418...”. (...) “Cuando nos
preguntamos por el ser del hombre, ¿qué interrogamos
exactamente: la Idea de hombre o la existencia concreta de los
hombres –el hombre ‘eterno’ o los sujetos históricos?” (en
El hombre como argumento, ed. Anthropos, 1987, pág.
63). La acción interpuesta parece referir necesidades y
derechos de un sujeto ideal, a través de una posición que
parece descartar la variabilidad de las circunstancias
existenciales concretas. Suerte de fenómeno vacío al que se
atribuyen de manera general derechos y posibilidades. La tesis
de este voto es que lo humano es sus derechos,
moldeándose en el plano histórico-concreto del devenir”.
(...) “La pregunta por los
derechos, por las necesidades, por las estrategias y
mecanismos a desarrollar, respecto del hombre o, en el
presente, del niño y el adolescente, debe apuntar al sujeto
histórico; a ese sujeto que es a la vez contexto y que por
ello resulta siempre inclasificable de manera última. En
consecuencia, las leyes que regulen su presencia deben abrirse
lo más posible a las exigencias de esa multiplicidad tan
propia de lo humano”.FIN NOTIVIDA,
Año III, nº 178, 17 de octubre de
2003 Editores:
Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja y Lic. Mónica del Río Página
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